Lo esencial de la estructura económica y social de Guatemala ha cambiado muy poco desde la invasión y conquista española en 1525. De los repartimientos y encomiendas que permanecieron hasta después de la independencia formal en 1821, se pasó, con la Revolución Liberal de 1871, a la introducción del cultivo del café y a la división entre inmensos latifundios y pequeñísimos minifundios que permanece hasta la fecha. En 1952, durante el gobierno democrático de Jacobo Arbenz se impulsó un proceso de Reforma Agraria que fue anulado de tajo dos años después con la intervención estadounidense de 1954 y el asesinato de miles de campesinos agraristas. A partir de ahí empieza una
larga lista de gobiernos militares que dura hasta 1986, cuando el ejército promueve una nueva constitución y permite la elección de gobiernos civiles bajo su tutela. 

Durante 36 años, de 1960 a 1996, se libró un conflicto armado interno en el curso del cual los regímenes oligárquico-militares implantaron el terrorismo de estado como política contrainsurgente y practicaron el genocidio para ahogar o prevenir la rebeldía popular. La mayoría de víctimas del genocidio corresponden al pueblo Maya. 

Después de un período irregular de 10 años de negociaciones entre varios gobiernos y la guerrilla, el 29 de diciembre de 1996 se firmó el acuerdo de paz definitivo, que puso término a la guerra interna y abrió enormes expectativas para la justicia y la democracia. Lamentablemente tres años después de la firma de la Paz, la mayor parte de los Acuerdos suscritos siguen sin ser cumplidos por el Estado y la reconciliación nacional está aún lejana. Una de las mayores razones para la frustración es la permanencia de la impunidad que protege a los violadores de los crímenes de terrorismo de estado y genocidio. 

A lo largo de tres años, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica guatemalteca realizó una profunda investigación sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército y los gobiernos controlados por éste. El proyecto interdiocesano para la Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI- produjo el valioso informe "Guatemala Nunca Más" presentado en abril de 1998, en el que por primera vez se documentó exhaustivamente el genocidio cometido y se cuantificó la magnitud del crimen. Sin embargo, como para probar en forma macabra que lo principal de la estructura del terror está intacto, 48 horas después de la presentación del informe, fue salvajemente asesinado Monseñor Juan Gerardi, promotor y director del REMHI. 

Como parte de los Acuerdos de Paz se conformó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, una suerte de "Comisión de la Verdad", nombrada y respaldada por el Secretario General de la ONU a solicitud de las partes. Dicha Comisión produjo, después de año y medio de investigación y de haber recogido el testimonio directo de más de 45 mil víctimas sobrevivientes, el Informe "Memoria del Silencio". En dicho Informe se prueba y documenta fehacientemente la existencia de terrorismo de estado y genocidio -delitos imprescriptibles contra la humanidad-, cometidos por el ejército de Guatemala y los gobiernos bajo su control. El período más terrible de la represión generalizada se sitúa en la década que va de 1976 a 1986. 

En "Memoria del Silencio" se demuestra de manera categórica que el genocidio dejó una cauda de más de 200 mil víctimas entre muertos y desaparecidos. Documenta 626 masacres o matanzas colectivas y el arrasamiento, a sangre y fuego, de por lo menos 440 aldeas indígenas. Cuantifica unos 45 mil casos de detenidos desaparecidos, en las ciudades y en el campo y demuestra que se cometieron decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales en la práctica oficial de la represión selectiva. Así mismo prueba que la tortura constituyó una práctica permanente, como método oficial para obtener información e imponer el terror entre la población. 

El informe de la Comisión sostiene que el ejército y sus gobiernos identificaron a la población indígena Maya como el enemigo a perseguir y destruir, para "quitar el agua al pez" y aniquilar la posible base social de la insurgencia. Demuestra también que a los pastores y feligreses de la iglesia católica en las comunidades indígenas, se les señaló como subversivos -activos o potenciales- y se les persiguió implacablemente, con el saldo de más de un centenar de sacerdotes, religiosas y religiosos secuestrados, asesinados u obligados a salir al exilio, a la par del asesinato de más de mil catequistas y delegados de la palabra que asumieron la responsabilidad religiosa en sus comunidades. 
 
 

Demanda de Justicia Universal

A partir de la convicción de que la impunidad es el mayor aliciente que encuentran los genocidas para repetir sus crímenes, al tiempo que es el mayor impedimento para la reconciliación y la paz en un país que ha sufrido ese flagelo, Rigoberta Menchú Tum tomó la decisión de presentar ante los Tribunales de la Audiencia Nacional de España una querella judicial contra los responsables de los delitos de genocidio, terrorismo de estado y tortura cometidos en contra del pueblo de Guatemala. 

El 2 de diciembre de 1999 se inició el proceso que la Audiencia Nacional asignó al Tribunal Primero de Instrucción, a cargo del Juez Guillermo Ruiz Polanco. A lo largo de tres meses se han adherido a esa querella varios acusadores más y han enriquecido la demanda con la presentación de numerosos casos de matanzas colectivas, asesinatos, desapariciones forzadas y torturas. En la mayoría de los casos presentados las víctimas fueron personas indígenas pertenecientes al Pueblo Maya. 

En la primera fase de este proceso, están acusados cinco generales, encabezados por Efraín Ríos Montt actual Presidente del Poder Legislativo de Guatemala, un coronel y dos funcionarios civiles de uno de los gobiernos militares. Las expectativas que ha abierto este proceso en Guatemala, como esperanza de que el genocidio no quede en la impunidad, están motivando a numerosas organizaciones, comunidades y familias para constituirse en acusadores y presentar sus casos ante el citado tribunal. 

El proceso judicial iniciado en busca del juzgamiento de los genocidas, se basa en el principio jurídico de Justicia Universal, contemplado en los tratados y las convenciones internacionales que tipifican los delitos imprescriptibles contra la humanidad. Esos principios legales suscritos y ratificados por la mayoría de los países, se encuentran incorporados plenamente a la legislación interna de España, por lo que, ante la probada imposibilidad de obtener justicia en Guatemala, es justo y legítimo acudir a los tribunales de la Audiencia Nacional. Existe además, a favor de la lucha contra la impunidad, la jurisprudencia que han sentado los juicios contra los genocidas argentinos y chilenos y muy
particularmente el proceso seguido en contra del General Augusto Pinochet. 

Por primera vez en la historia de Guatemala se abre la posibilidad real de que los responsables de crímenes y atrocidades difíciles de concebir entre seres humanos, dejen de disfrutar, gracias a la impunidad, del poder y el bienestar, y muchas veces de las riquezas que les ha dejado su participación activa en el genocidio. Al fin, después de tantos años de  amargura y frustración, las víctimas sobrevivientes y los familiares de quienes murieron o fueron
desaparecidos para siempre, pueden aspirar a conocer la verdad y alcanzar justicia. De esa manera se abre también la posibilidad de empezar a construir la reconciliación y la paz entre los guatemaltecos. 

En cuanto a los contenidos de la Demanda presentada por Rigoberta Menchú, la misma contiene los casos de la quema de la Embajada Española en Guatemala, que ocurrió el 31 de enero de 1980, hace ya veinte años, y en el que junto a 39 personas murió el padre de Rigoberta. El caso de la muerte de familiares suyos, entre los que se encuentra su madre, su hermano Patrocinio, y la de 4 religiosos españoles, entre los que se encuentran Faustino Villanueva, de Yesa, lo mismo que Andrés Lanz Andueza, de Lakuntza, Navarra, y en la que sus familiares se han personado como acusación particular en la demanda presentada por Rigoberta Menchú. 

Además de los familiares de Faustino Villanueva se han personado en la demanda, familiares de Alaide Foppa, catalana de origen, nacionalizada guatemalteca, literata y persona reconocida en el mundo cultural guatemalteco, que fue víctima del conflicto. 

La Asociación FAMDEGUA ha presentado de sus más de 60 casos investigados, el caso de las Dos Erres, en La Libertad, Petén, perpetrada en 1982, cuando el mandato de Ríos Montt, en el que perdieron la vida mas de 200 personas, y que a pesar de llevar 5 años en conocimiento de las autoridades judiciales guatemaltecas, nunca las mismas han incohado diligencias judiciales. 

La Asociación de viudas de Guatemala, CONAVIGUA, ha presentado el caso de los crímenes cometidos en San Andrés Sajcabajá, Quiché, y que lo mismo que el caso anterior lleva cuatro años en conocimiento de las autoridades judiciales, sin que se hayan abierto siquiera diligencias previas.